El actual, otro año perdido para obras público-privadas

Son 30 los proyectos propuestos hasta ahora, cifra baja comparada con otros países que usan el esquema e insuficiente frente a la necesidad de inversión privada abierta por la escasez de recursos públicos, indican las empresas de consultoría

El 2015 quedará marcado como el año perdido, al haber desaprovechado la figura de las Asociaciones Público-Privadas (APP) que tanto requiere México para generar crecimiento económico, en donde se ha percibido debilidad institucional de parte del gobierno, poca atracción e intereses políticos, así como falta de transparencia y opacidad que inhiben la participación de la Iniciativa Privada (IP).

Así lo aseveró Mario Salazar Lazcano, presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), al explicar: “No hemos logrado impulsar las APP porque ha faltado una política de Estado, que haya planeación que permita establecer con cartera de proyectos en materia de infraestructura que requiere el país, definir cuáles serían viables a desarrollar, esquemas de financiamiento y alentar la inversión de la IP”.

Entrevistado por El Economista, Salazar Lazcano confió en que una vez que arranque el periodo de sesiones en el Congreso, sea aprobada la minuta de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas con las modificaciones para eliminar cargas a la IP sobre los proyectos de las APP.

“En el 2013 se presentaron 11 proyectos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sólo dos se aprobaron bajo el esquema de APP: un hospital y un acueducto. En el 2014, pocos fueron presentados. Se habla de que más de 30 que están en cartera son pocos comparados con el resto de países. No hablemos de Reino Unido, que es precursor, pero Colombia, Chile y Perú han tenido más proyectos y se concretan”, criticó.

De acuerdo con la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda, entre el 2014 y 2015, se han presentado 30 proyectos, de los cuales sólo cinco se han concretado, entre ellos el Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda y una nueva clínica en Mérida, Yucatán.

El presidente de la CNEC mencionó la urgencia de dotar de certidumbre a la figura de las APP para que los inversionistas procedan a participar; sin embargo, se enfrentan a esquemas de poca transparencia y rendición de cuentas.

Desde que se anunció el Programa Nacional de Infraestructura (PNI) se veía la importancia de la participación de la IP en el cumplimiento de las metas del programa, una inversión privada de 37%, pero a la luz del recorte presupuestal esa participación se volvió vital para que la economía crezca, comentó Mario Salazar.

Pero, actualmente, “los intereses de los proyectos obedecen más a intereses políticos que a una visión de país de mediano y largo plazo. Para poder impulsar (la figura) es importante tener una cartera de proyectos, que la Secretaría de Hacienda identifique qué proyectos requiere el país, y que la Unidad de Inversiones de la SCPC ponga la posibilidad de que los inversionistas los usen”.

Recordó que pese a que se espera incremento en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, ésta seguirá baja, por lo que “los inversionistas están ávidos de buscar proyectos que resulten inversiones con mayor rentabilidad. Eso hace falta para que las APP se impulsen”, consideró el presidente de la CNEC.

Paquete presupuestal 2016 desvió interés de hacienda

Reestructuración de ciudades, la oportunidad para APP

Las asociaciones público-privadas (APP) en proyectos de infraestructura de transporte avanzan lentamente y la construcción del nuevo aeropuerto (considerada la principal obra del sexenio) en el centro del país podría dar el impulso esperado.

“Por el momento, la entrega del paquete presupuestal para el 2016 desvió la atención de Banobras y la Secretaría de Hacienda, quienes van a definir los proyectos (cárceles, hospitales, puertos o carreteras) que incluirán al sector privado y originalmente utilizaban solamente recursos públicos”, comentó una fuente involucrada en el proceso.

Actualmente, la información al respecto es escasa. Hace unas semanas, el director financiero del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), Federico Patiño, envió algunas señales al decir que ante las turbulencias económicas se podrían concesionar, por ejemplo, la instalación y operación de turbosinoductos y las plantas de tratamiento de aguas de la nueva terminal.

“Por qué vamos a manejar nosotros algunas partes si lo hace mejor el sector privado. Tenemos que detectar las áreas de oportunidad”, explicó a empresarios. Empresas como Interjet, Aeroméxico e ICA ya levantaron la mano.

Este año, en la Dirección General de Desarrollo Carretero, tres proyectos de asociación público privada fueron relevantes y uno de ellos fue desechado: la carretera Las Brisas-El Fuerte, en Sinaloa, de 133 km.

La propuesta no solicitada (que permite la ley de APP) presentada por una filial de ICA para construirla no fue aceptada porque no contaba con los elementos necesarios para garantizar su rentabilidad.

Quienes sí tuvieron éxito fueron los ingenieros de Promotora de Desarrollo de América Latina, que quieren desarrollar la carretera Las Varas-Puerto Vallarta. La dependencia les dio el visto bueno y está en proceso de licitación.

Sin embargo, la licitación del viaducto Indios Verdes-Santa Clara, que será fallada el próximo mes, podría ser la encargada de abrir camino entre el sector privado, a pesar de lo complejo que ha sido su procedimiento basado en la Ley de APP.

Fuente: El Economista

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